“Defender derechos entre la paz superficial y la violencia real: Informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas en Chiapas 2025” documenta una profunda brecha entre la narrativa oficial de “pacificación” y la realidad de violencia persistente en el estado durante 2025.
Si bien el gobierno estatal reporta avances en seguridad, los datos evidencian que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado, diversificado y, en algunos casos, intensificado. Chiapas es uno de los estados más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos.
Durante 2025 se documentaron 124 agresiones contra personas defensoras, lo que representa un incremento del 25% respecto a 2024. Estas agresiones muestran un patrón sistemático orientado a intimidar, desacreditar y desarticular procesos organizativos. El 81% de los casos fueron agresiones dirigidas, principalmente contra quienes defienden la tierra, el territorio, los derechos de pueblos originarios y el acceso a la justicia. Las formas de agresión más recurrentes fueron la intimidación (37%), la difamación, la vigilancia, el abuso de autoridad y la criminalización.
El informe destaca el aumento sostenido de agresiones hacia mujeres defensoras, que en 2025 sufrieron el 70% del total de las agresiones documentadas, es decir 12% más que el año anterior. Esta tendencia es particularmente preocupante ya que evidencia la persistencia de un patrón de control social basado en género, tanto en el ámbito privado como en el público. En el primero se manifiesta, entre otras formas de agresión, mediante la intrusión en domicilios, la violencia sexual y el feminicidio. En lo público se caracteriza por el uso de redes sociales y medios para difamar.
Otras de las agresiones que han incrementado son las perpetradas en el ámbito digital. Aquí destaca la publicación de información falsa sobre las personas defensoras y su labor para desacreditar la labor de defensa, aumenta la vulnerabilidad de las personas defensoras ante nuevas agresiones.
El informe presenta los casos de agresiones dirigidas contra la defensora tsotsil Pascuala López López y contra la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, así como el asesinato de la buscadora Yerli Yaritza, los cuales ilustran la gravedad de los riesgos, que incluyen amenazas de muerte, desaparición, violencia física y asesinato.
En el documento, destacamos nuestra preocupación: pese al discurso oficial de paz, la violencia persiste y las agresiones aumentan en frecuencia y gravedad. Defender derechos humanos en Chiapas sigue siendo una actividad de alto riesgo, en un contexto donde la violencia no ha sido erradicada, sino reconfigurada. Urgen medidas efectivas de protección y acciones contundentes contra la impunidad.